El Tribunal Supremo de España ha establecido una restricción sin precedentes a un derecho fundamental, afectando directamente a la interpretación y aplicación de la *ley de nietos*, normativa que permite la nacionalidad española a descendientes de exiliados republicanos. La medida, sin equivalentes en la historia reciente del país, abre un debate jurídico y político sobre los límites de los derechos adquiridos por vía administrativa.
En paralelo, el Senado dedicó cuatro horas a un intenso debate sobre la posibilidad de suspender los derechos de voto de miles de personas naturalizadas bajo esta ley. La propuesta, aún en fase de análisis, plantea un escenario sin precedentes en el sistema democrático español, donde la ciudadanía adquirida mediante este procedimiento podría verse temporalmente privada de participación electoral. Los senadores evaluaron los alcances legales y constitucionales de tal medida, sin que hasta el momento se haya adoptado una decisión definitiva.
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